Según los datos obtenidos de la publicación especializada de El Mostrador, WOM declaró el pasado 31 de julio de 2026 haber alcanzado un 86% del despliegue tecnológico comprometido. No obstante, este escenario se desarrolla a escasos dos meses de la fecha límite establecida para el 30 de septiembre de 2026 —momento en el cual la compañía debe llegar obligatoriamente al 90% de avance según el acuerdo con el que el Estado cerró litigios previos—.
Ante este panorama, la senadora Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, solicitó formalmente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) detallar el estado real de cumplimiento de este mandato, anunciando que llevará el caso directamente a la comisión legislativa.
Hitos clave, compromisos y riesgos de caducidad
El conflicto regulatorio arrastra antecedentes críticos desde agosto de 2020, cuando WOM se adjudicó las licitaciones para desplegar la red 5G nacional. El vencimiento original del plazo operó en octubre de 2023 con un nivel de ejecución del 69%, desencadenando ejecuciones de garantías, disputas judiciales y un arbitraje internacional contra el Estado chileno.
En octubre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y WOM suscribieron un acuerdo formal en el cual la empresa saldó compromisos, desistió de demandas e implementó un cronograma de cumplimiento estricto:
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5 de marzo de 2026: Completar el 100% de las localidades obligatorias designadas.
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30 de septiembre de 2026: Alcanzar el 90% del resto de la infraestructura de red.
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31 de diciembre de 2026: Ejecutar el 10% final remanente.
La consecuencia jurídica estipulada es categórica: en caso de cualquier incumplimiento, la Subtel se encuentra facultada para iniciar de inmediato el procedimiento administrativo de caducidad de las concesiones sin otorgar plazos adicionales, provocando que la empresa pierda el espectro radioeléctrico, el cual retornará de forma íntegra al Estado.
Discrepancias técnicas e indicadores oficiales
Mientras WOM reporta un 86% de avance, analistas de la industria advierten que el ritmo actual podría ser insuficiente para cumplir con el hito del 90% previsto para septiembre. Además de la brecha de cuatro puntos porcentuales en tan solo dos meses, existe una divergencia metodológica sobre cómo la compañía computa su porcentaje frente al avance ponderado que implementa el regulador técnico.
Consultada vía transparencia, la Subtel argumentó que las mediciones internas y proyecciones hasta septiembre constituyen insumos en proceso de validación, cuya publicación anticipada podría interferir en la verificación institucional. Criterio bajo el cual también se reservaron los detalles sobre velocidades en terreno y enlaces satelitales.
“Entiendo que un organismo técnico quiera entregar cifras validadas y no borradores. Si el avance solo se conoce cuando el plazo ya venció, la fiscalización llega tarde para los vecinos que llevan cuatro años esperando señal.” — Senadora Camila Flores.
Impacto en zonas aisladas y apoyo institucional
El proyecto abarca 366 localidades prioritarias distribuidas en 241 comunas de alta vulnerabilidad geográfica —desde caletas del norte hasta Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica— donde operan bajo cobertura 4G con requerimientos de velocidad equivalentes a 5G según autorización del CDE.
Paralelamente, la subsecretaria Romina Garrido indicó que la Subtel mantiene mesas semanales para destrabar trámites burocráticos y de permisología (como pendientes en Bienes Nacionales), recordando que el pacto es obligatorio y conlleva garantías exigibles. Sin embargo, la senadora cuestiona: “El Estado está poniendo mesas semanales para ayudar a esta empresa a destrabar permisos. Es razonable si con-eso la red llega. Lo que no es razonable es que, después de tantas facilidades desde 2023, la meta siga en duda”.
