Según informa el Diario Financiero, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad Daniel Alvarez, el nuevo plan nacional en el ámbito requerirá de 30.000 profesionales del rubro por año para cumplir sus objetivos. En paralelo el senado está trabajando en una Ley Macro de Ciberseguridad, sementandola como un tema de suma importancia para el Estado Chileno.
La Comisión de Hacienda del Congreso de Chile ha tomado bajo análisis el proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, luego de que las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad concluyeran el estudio en particular de la iniciativa que forma parte de los 31 proyectos de la agenda de seguridad acordada entre el Ejecutivo y el Congreso.
El senador Kenneth Pugh, presidente de las instancias unidas, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que Chile es una potencia digital con una infraestructura tecnológica avanzada, pero también enfrenta la creciente amenaza del cibercrimen, con delitos como ataques a la infraestructura crítica, secuestros de información y ransomware que son cada vez más comunes. El senador explicó que es necesario protegerse y crear nueva institucionalidad con un nuevo sistema nacional de ciberseguridad.
El parlamentario también resaltó el apoyo transversal con el cual se despachó esta iniciativa desde las comisiones unidas y que ahora continuará su trámite en la Comisión de Hacienda, que se pronunciará sobre las materias de su competencia. Cabe recordar que esta iniciativa cuenta con el compromiso político para ser despachada dentro de los 75 días.
El senador Pugh precisó que esta ley establecerá una gobernanza que permitirá una mayor cooperación interinstitucional e integración de información para la gestión del riesgo, identificación de atacantes y garantía de que los servicios vitales de la población se mantengan funcionando correctamente. Este nuevo organismo contará con la posibilidad de reforzar su planta de especialistas con 66 nuevos integrantes que tendrán un trato laboral diferente al resto de los organismos públicos, lo que permitirá la contratación de personal talentoso incluso sin grados académicos, mediante el Código del Trabajo.
Una de las medidas destacadas de esta ley es que las empresas y los grandes operadores no podrán pagar por ataques de ransomware, con el fin de no alimentar estos delitos. El ransomware es una forma de cibercrimen en la cual los atacantes impiden a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales a menos que paguen un rescate en dinero o activos para poder acceder nuevamente a ellos.
La senadora Yasna Provoste, integrante de la Comisión de Defensa, definió el despacho de este proyecto como un paso importante, señalando que permitirá a Chile contar con una legislación pionera en la región que aborda de manera integral el fenómeno de la ciberseguridad, incluyendo normas relativas a la educación. La iniciativa busca crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad que promueva la gestión de riesgos y la implementación de estándares de seguridad digital tanto para el sector público como privado.
