La inteligencia artificial está acelerando la transformación digital de las empresas, pero también está dejando al descubierto una pregunta que ya no admite respuestas improvisadas: ¿las organizaciones realmente saben qué ocurre con sus datos? Para Camilo Silva, Sales Director de Seguridad América para la solución Kiteworks, la respuesta marcará la diferencia entre cumplir con las nuevas exigencias regulatorias o exponerse a riesgos legales, financieros y reputacionales cada vez mayores.
El líder tecnológico expuso, durante el IA Summit Data Explote celebrado el pasado 28 de mayo en Santiago de Chile, que la entrada en vigor de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales representa un punto de inflexión para las organizaciones chilenas, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial consume, procesa y genera grandes volúmenes de información. Consideró que marcará un antes y un después en la forma de gestionar la información sensible, obligando a demostrar trazabilidad, gobernanza y control sobre cada dato que circula dentro y fuera de la organización, incluidos aquellos que alimentan modelos de inteligencia artificial.o.
Con más de trece años de trayectoria, Seguridad América es una empresa especializada en ciberseguridad y transformación digital que acompaña a organizaciones de toda Latinoamérica en la protección de sus activos digitales y el cumplimiento normativo. Con casa matriz en Chile y operaciones en Perú, Bolivia, México, Colombia y Argentina, la compañía trabaja junto a Kiteworks, plataforma especializada en el intercambio seguro de información crítica mediante su enfoque de Private Data Network, una arquitectura diseñada para ofrecer visibilidad y control sobre la información sensible sin afectar la operación de las organizaciones.
La inteligencia artificial hizo visible un problema que ya existía
Para Silva, el verdadero desafío no comenzó con la llegada de la IA generativa. La tecnología simplemente aceleró una necesidad que muchas organizaciones habían postergado: conocer exactamente qué información poseen, dónde está almacenada y quién puede acceder a ella.
La nueva legislación chilena fortalece precisamente ese principio al reconocer derechos como conocer qué datos conserva una organización, solicitar su corrección, eliminación o portabilidad, además de crear una Agencia de Protección de Datos Personales (ADDP) encargada de supervisar el cumplimiento de la norma.
Al mismo tiempo, recordó que la Ley Marco de Ciberseguridad 21.663 estableció obligaciones distintas mediante la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), por lo que cumplir con una regulación no garantiza automáticamente el cumplimiento de la otra. «Si cumples con uno, no necesariamente estás cumpliendo con el otro», advirtió.
El verdadero riesgo está en perder el control de los datos
Uno de los mensajes centrales de la conferencia fue que la gobernanza de los datos será tan importante como los propios modelos de inteligencia artificial.
Silva explicó que las organizaciones deberán demostrar qué información ingresa a los modelos de lenguaje (LLM), cómo se clasifica y quién tiene autorización para consultarla, modificarla o compartirla.
«Lo que es crítico es que tienes que tener control y visibilidad a qué tipo de data está entrando a ese LLM», sostuvo.
A su juicio, las futuras regulaciones sobre inteligencia artificial evolucionarán precisamente hacia ese nivel de detalle: no solo controlar la información que alimenta los modelos, sino también la identidad de las personas o agentes autorizados para interactuar con ella.
Tres decisiones que ya no pueden esperar
El ejecutivo resumió la preparación de las organizaciones en tres acciones prioritarias.
La primera consiste en mapear y clasificar los datos, identificando qué información existe, dónde se encuentra y cuál es su nivel de sensibilidad.
La segunda es construir una capa de gobernanza y cumplimiento, apoyándose en herramientas que permitan demostrar el cumplimiento de buena parte de las exigencias regulatorias desde el momento de su implementación.
La tercera pasa por adoptar una estrategia preventiva: «La mejor manera de poder cumplir con lo que podría llegar a una infracción, es prevenirlo», afirmó, insistiendo en que las organizaciones deben prepararse antes de que comiencen las fiscalizaciones.
Cuando el mayor costo no es la multa
Aunque la Ley 21.719 contempla sanciones que pueden alcanzar cientos de miles e incluso millones de dólares, Silva considera que el mayor riesgo para las organizaciones será el impacto reputacional derivado de un incumplimiento.
«Nadie quiere ser el primer ejemplo», comentó, al explicar que una sanción pública puede afectar la confianza de clientes, socios e inversionistas mucho más allá del costo económico.
Visibilidad y control como estrategia
En ese contexto, Kiteworks fue presentada como una plataforma diseñada para ofrecer trazabilidad sobre el movimiento de la información sensible. La solución permite definir quién puede acceder a determinados datos, quién tiene autorización para moverlos dentro o fuera de la organización y qué permisos reciben tanto los colaboradores como los agentes de inteligencia artificial.
Silva aclaró que ninguna herramienta garantiza por sí sola el cumplimiento absoluto de la normativa, pero sostuvo que plataformas de este tipo permiten avanzar significativamente en la gobernanza de la información y facilitar las auditorías regulatorias mediante controles, reportes y políticas de acceso claramente definidas.
IA Summit Data Explote: prepararse antes del cambio
La presentación de Seguridad América y Kiteworks formó parte del IA Summit Data Explote Chile, encuentro que reunió a líderes tecnológicos para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión de datos, la ciberseguridad y el cumplimiento regulatorio. Más allá de la tecnología, el mensaje final de Camilo Silva fue una advertencia para las organizaciones: en la nueva era de la IA, la diferencia entre estar protegidas o expuestas dependerá de las decisiones que tomen hoy sobre el control de su información.
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